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Cubamatinal / Salud pública en la Cuba real: el maquillaje de los informes oficiales y la verdad detrás del dato.
Por Miguel A. Garcia Puñales
Madrid, 24 de febrero de 2004/ cubaencuentro.com/ De vez en vez, los problemas puntuales de salud que presenta la población cubana salen a relucir a través de epidemias. Los principales, sin embargo, tienen su causa en la pésima calidad de vida existente en la Isla.
En las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calculan alrededor de 10 años perdidos, a lo largo de la vida del cubano promedio, debido a afecciones patológicas. Es decir, el cubano dedica uno de cada siete años de su existencia a padecer diferentes enfermedades, lo que pone en jaque el indicador denominado «Vida en salud». Aunque estos datos parten de las estadísticas del gobierno, no son muy de encargo divulgarlos.
¿De qué sirve vivir más años si una buena parte de ellos las personas sufren enfermedades que le acompañan hasta el fin de su existencia; si el principal vehículo de control de la natalidad es el aborto indiscriminado; si la salud mental es tal que ya desde principios de los noventa fue necesario «crear en el ámbito de cada municipio una comisión interdisciplinaria de salud mental», dados los índices de suicidios, trastornos de conducta y otros tantos flagelos que han ido cayendo sobre la condición psíquica del cubano? Estas comisiones se formaron bajo el mayor secretismo, y supeditadas al control cruzado del Partido Comunista, el ministerio de Salud Pública y la Seguridad del Estado.
Hasta ahora, las banderitas de la salud y la educación siguen siendo, casi en exclusiva, los «logros» en los que suele sustentarse el discurso oficial. Sin embargo, ambos son moneda falsa.
En más de una oportunidad se oyó decir a funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en La Habana, que el Estado cubano les facilitaba el acceso a las bases de datos para la verificación de las estadísticas primarias. Palabras, sólo palabras. Salvo el director de la Oficina de la OPS en La Habana —que por reglamento de la organización debe ser extranjero—, y algún otro asesor temporal, todos los técnicos y especialistas que trabajan en la institución son cubanos, empleados y pagados por el MINSAP, quienes responden totalmente al gobierno y su política.
Sin embargo, la trampa está no sólo en el procesamiento de la información, sino en la enorme presión que se ejerce sobre el dato primario. Es en la base donde abrumadoramente se autocensura el dato, para tratar, a toda costa, que los resultados ofrecidos sean los esperados por los superiores, y de paso evitarles implicaciones directas a estos.
De eso conocen bien los profesores cubanos, artífices del 100 por ciento de promoción escolar, y los directores de empresas y planes especializados. Con sólo observar la estatua de Ubre Blanca, en la Isla de la Juventud, se tendrá una imagen del disparate nacional popularmente bautizado como «globo».
Una de las ventajas con que ha contado durante decenios el Estado cubano, es la inexistencia de fuentes verdaderamente independientes para la verificación de los datos que publicita.
Aunque ésta es una práctica no sólo habitual, sino de obligatorio cumplimiento en cualquier sistema social, los regímenes comunistas la mimetizan creando supuestas «organizaciones no gubernamentales» con participación directa de sus políticos y administrativos. En los últimos años, la aparición de entidades independientes que han ido ganando prestigio en el exterior, ha permitido contrastar la fantasiosa visión que de sí mismo da el gobierno cubano en su comunicación con el mundo.
Aunque en realidad las invitaciones a la Isla, las medallas concedidas, el «embrujo» de compartir mesa y palique con el gobernante cubano y el sabroso turismo de visitas oficiales, han pesado más que el riesgo del contraste real de la realidad que se les vende.
En 1993, el Instituto Cubano de Investigación y Orientación de la Demanda Interna (ICIODI), dependiente de la Academia de Ciencias, redactó un informe referente al estado de salud de la población. Fuentes independientes se encargaron de difundir aquel documento que analizaba la «relación entre las condiciones de vida y la salud» en pleno Período Especial.
Por ejemplo, en los municipios de Ciudad de La Habana se detectaron, entre otros, los siguientes problemas:
– En la estructura de la mortalidad por causas, predominan las enfermedades crónicas, los accidentes, y la mortalidad por tumores (sobre todo de pulmón) con localizaciones prevenibles por programas de salud. Existen las mayores tasas de ancianos fallecidos por caída accidental. Hay sobremortalidad masculina.
– Baja natalidad y fecundidad. Las curvas de fecundidad son de cúspide tardía: no se garantiza el reemplazo poblacional. Se utiliza el aborto como medio de control de la natalidad.
– En la estructura de morbilidad por enfermedades trasmisibles se advierte un predominio de las trasmisibles por vía sexual y digestiva. Hay tasas elevadas de intoxicación alimentaria, que se asocian a deficientes condiciones higiénicas.
En las denominadas zonas de nueva asimilación industrial, además de los problemas anteriores se dictaminó que:
– Un lugar importante lo ocupan los accidentes asociados a las características físicas de la zona y la actividad económica que se desarrolla.
– Se presenta la tasa más alta de enfermedad perinatal, y se señala la importancia de los servicios de salud para este grupo de riesgo.
– Se hallaron altas tasas de leptospirosis.
Mientras tanto, en la investigación en zonas rurales llanas se reiteraron las incidencias anteriormente mencionadas, y se sumaron otras:
– Predominio de enfermedades infecciosas y parasitarias en el grupo de 1 a 4 años. En los adultos, el suicidio.
– En relación con los tumores, los más frecuentes fueron el de útero y próstata, que están sujetos a programas de prevención.
– La cúspide de fecundidad es temprana. Se evidencia emigración femenina y utilización del aborto como control de la natalidad.
– Se hallaron altas tasas de hepatitis.
Por último, en las zonas rurales montañosas también se repiten los resultados de las restantes regiones —por supuesto, agravados—, y se agrega:
– La estructura de la morbilidad predomina en las enfermedades trasmisibles: hepatitis, leptospirosis y fiebre tifoidea. Y en los ancianos de 65 años y más, las enfermedades trasmisibles por vía digestiva.
En el informe final se reitera, entre las conclusiones, que «el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los individuos (en Cuba) no guarda relación con las posibilidades de realización en la vida material cotidiana, mediatizando el sentimiento de bienestar y el proceso de adaptación psicosocial de una parte de la población». Y se repetía que era necesario «enfatizar en acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de la vida material cotidiana».
En la fecha de presentación de este informe, la epidemia de neuritis óptica y periférica estaba en plena efervescencia y aumentaban las muertes por infecciones debido a las pésimas condiciones higiénicas ambientales. La anemia funcional ya era reconocida en voz alta, y había serias preocupaciones con las secuelas que traería la ingestión de los nuevos alimentos inventados: «no estaba bajo control el uso de determinadas sustancias químicas que se utilizaban como aglutinantes y conservantes…».
Si una cosa sabe el gobierno es que la opinión pública posee mala memoria y sólo recuerda el último bombardeo informativo.
Los afectados por la polineuropatía epidémica ya no son recordados por nadie: miles de ciudadanos perjudicados para siempre, con limitaciones extraordinarias en su calidad de vida, incluida en muchos casos la ceguera total. Casi nadie conoce, fuera de determinados círculos de la Isla, que el estudio internacional sobre la epidemia concluyó en la alta probabilidad de una combinación fatal entre carencias proteicas e intoxicaciones alimentarias como causas del origen de la epidemia.
Ese fue el resultado del brusco corte de los abastecimientos, sobre todo en las provincias occidentales del país, unido a los experimentos sobre mezclas y combinaciones de pastas y otros alimentos; así como la falta de control sanitario en la transportación de agentes químicos. En fin, una combinación entre carencias de proteínas en los alimentos y factores tóxicos.
Lo anterior quedó demostrado con el envenenamiento colectivo por consumo de pan en el poblado de Calabazar, en 1993, que se saldó con cientos de afectados, el silencio oficial de sus causas y el reparto gratuito de alimentos «cortesía del Consejo de Estado», según se informó a los vecinos.
No se abrió una investigación pública ni se divulgaron sus resultados. Muchos recuerdan a varios miembros de los CDR pidiendo en las calles «paredón», en medio de la movilización popular y espontánea para trasladar a los afectados hacia las instituciones hospitalarias. Era más fácil pedir sangre dando por supuesto un acto terrorista proveniente del exterior, que pedir cuentas sobre las causas de una intoxicación alimentaria.
El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, que se dedicó con particular entusiasmo a promocionar en sus publicaciones nada más y nada menos que la sustitución del hilo de sutura quirúrgico por el hilo de henequén —experimentado en 1991 en la provincia de Pinar del Río, precisamente el lugar geográfico donde comenzó la epidemia—, nada dijo sobre la polineuropatía, salvo la versión oficial de Castro que le atribuía su origen al consumo de tabaco y alcohol.
Nadie menciona ya la atroz política de exclusión de los pacientes infectados por el VIH o sida, dictada en su momento por los ministerios de Interior y Salud, que llevó a cientos de personas a confinamientos sanatoriales, estigmatización pública y persecución policial, en una política totalmente errada según la práctica internacional del control de enfermedades de transmisión sexual y sanguínea.
Nunca se abordan en las revistas científicas cubanas los aspectos legales de protección al paciente, encontrándose estos totalmente a merced de los errores médicos, yatrogenias e incluso de verdaderos crímenes por negligencias, toda vez que no existen en Cuba los medios jurídicos para aislar la acción médica de sus consecuencias legales.
Los pacientes fallecidos son sometidos a necropsias en los departamentos de Anatomía Patológica de las instituciones donde fueron atendidos, sin la mediación de representantes legales de la familia ni de criterios médicos independientes que evalúen la verdadera causa de la defunción, salvo que se estime homicidio o asesinato, en cuyo caso pasan al Instituto de Medicina Legal.
Sin contar la práctica establecida de constituir todas las entidades hospitalarias del país como «docentes» —sin previa pregunta a los pacientes—, que tienen la obligación inconsulta de admitir prácticas a personal médico y paramédico en formación. Estudiantes que, por demás, son utilizados comúnmente como fuerza de trabajo en las entidades de salud.
Por tanto, si nos referimos a indicadores de calidad en la atención, entonces estamos en presencia de un sistema descontrolado. Un estudio realizado durante el año 1997 en dos salas de atención hospitalaria de la capital, y cuyo único objetivo era validar un sistema fiable de encuestas para la medición de la calidad de los servicios, terminó por concluir una evaluación media de entre 35-52 puntos sobre 100 posibles en indicadores tales como el cumplimiento de las indicaciones médicas, higiene del entorno hospitalario, yatrogenias y satisfacción del paciente, entre otros. Estos no son aspectos que el gobierno publique a gusto, pues contradicen su discurso.
Por otra parte, entre muchos científicos cubanos rige la «Omertá». Si alguien no está familiarizado con el término, mejor que no lo busque en la literatura científica porque se encuentra en todos los diccionarios: es un código siciliano del honor que prohíbe revelar datos sobre ciertos crímenes a las personas implicadas. El autor que mejor lo ha descrito es Mario Puzo en su obra El Padrino.
Acerca del autor:
Miguel A. García Puñales: Fue profesor de la enseñanza post-graduada de medicina; en las Residencias Médicas de Administración y Dirección de la Salud, Bio-estadísticas y la Maestría Internacional en Administración y Dirección de Salud Pública. Coordinador Nacional de la Residencia de Administración y Dirección de Salud y la Maestría Internacional en Dirección y Administración de Salud. Profesor de la Facultad de Salud Pública del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Profesor de postgrado en la asignatura Metodología de la Investigación Científica y jefe de tema de investigación sobre Calidad de los Servicios de Salud en la Facultad de Ciencias Médicas “Enrique Cabrera”
Fue jefe del Departamento Docente del Instituto de Desarrollo de la Salud (Investigaciones); Vice Director Docente en el complejo hospitalario Hospital General Nacional “Enrique Cabrera” y Hospital Pediátrico–Cardiocentro “William Soler”.
Jefe del Departamento Nacional de Desarrollo de la Información Científico Médica, del Centro Nacional de Información y Documentación de Ciencias Médicas (CNICM); Asesor Temporero de la Organización Panamericana de Salud (OPS) con estancias de trabajo en Venezuela, Brasil y Perú. Participaba como Delegado Plenipotenciario por la parte cubana en las reuniones de los SNS para los países miembros del extinto CAME, en el tema Información Científica.
Ejerció como Sociólogo Clínico, atendiendo portadores de VIH-SIDA con diagnóstico sociopatico en un Sanatorio de Internamiento para este tipo de paciente. Autor del libro inédito; “Nazareno Viejo: las memorias del SIDA en Cuba”.
© Miguel A. Garcia
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